EL SOCORRIDO COMODÍN DE LA EMPRESA PÚBLICA

Cuando los ciudadanos tienen un problema, los políticos siempre tienen una solución muy socorrida: crear una empresa pública, aunque ya exista, como ocurre en Navarra. A veces, son necesarias, pero no neguemos que ocurren cosas y más cuando vamos bajando en el escalafón de las administraciones. Pero, eso es otro tema. Las empresas públicas que dependen de la administración pública tienen su propia dinámica de funcionamiento, aunque sus cargos sean del propio gobierno. Por eso no me ofrecen ninguna confianza en la resolución de los problemas ya que son los mismos que no los han resuelto los que dirigen la resolución de los mismos, pero con una tipología distinta. Dicha tipología implica que podemos encontrarnos con trabajadores públicos (creo que serán los mínimos) y otros que serán contratados directamente o a través de una contrata. Esto no es una cuestión baladí porque para el ciudadano va a suponer que la carga de la prueba de la situación, como por ejemplo vulnerabilidad, o su demanda caiga enteramente en él. Muchos dirán que es lógico, puesto que va a solicitar algo. No es así. En el caso de que usted vaya directamente a una Administración pública puede apelar a la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo en cuyo artículo 20 se señala que las administraciones y sus trabajadores ayudarán a evitar obstáculos y el artículo 28.2 más extenso especifica que ayudarán a la inclusión de documentos que obren en su poder de forma que se agilice el trámite (busquen la Ley, si quieren).

Ahí está la trampa y el incumplimiento; la pelota cae en el tiempo que va a invertir el ciudadano en ir pidiendo papeles a los distintos departamentos de la Administración para que pueda dárselos a una empresa creada por la Administración para hacer de ti, ciudadano, un pelele, yendo de un lado a otro. Sencillamente, hay problemas, como el que ahora se debate, el de la vivienda, cuya solución tiene que partir, por un lado, desde abajo, desde los Ayuntamientos que requieren de una clara definición de sus competencias en la materia para resolver los problemas que pueden tener sus ciudadanos. Por otro, habría que empezar a plantear un debate serio (sin políticos, porque entonces no es serio) sobre el modelo de vivienda y si el ordenamiento urbanístico, que impone no pasar de ciertas alturas, es más importante que el bienestar social y habitacional de las personas.