Las maneras de hacer política son
muy diferentes en uno u otro partido, aunque de todo hay en esta viña, porque
el hombre es un animal imperfecto, al que se le tienta fácilmente y cae
fácilmente. Por eso es importante tener claro que nadie es mejor que nadie y
que lo que hay que hacer es ponerse a prueba cada día.
Para eso están las "maneras" de
hacer política, que implican varios principios y conceptos. por los que se guía el político, más allás de programas y reglas.
Una manera es seguir el principio
de igualdad y equidad, que no es lo mismo, porque no todos somos iguales,
lamentablemente, ni partimos de una misma situación: hay quienes tienen
posibles y hay quienes no, hay quienes están enfermos y otros no, etc. Un
tratamiento igualitario o mejor equitativo, según condición, es esencial. Pero
en política, normalmente, se olvida y aparecen los acostumbrados “favores”, de
raíz muy latina, pues los filósofos griegos ya hablaban de ellos. Favores que,
incluso, pueden ir in crescendo cuanto más descendemos en el ámbito de la
administración pública. Y claro, si uno no tiene claro el principio de
igualdad, no tiene ningún escrúpulo en defender el interés de unos pocos. Por
poner un ejemplo, el empleo público. Aquellos que no lo defienden es, en muchas
ocasiones, por un interés: el interés de utilizar la arbitrariedad en la adjudicación
de los puestos de trabajo, por ejemplo. Pero hay otros muchos favores que se
hacen a cambio de regalitos; varios ejemplos hemos tenido en los últimos años.
Y aquí encontramos uno de los instrumentos claves que se utiliza en política y
que debiera ser eliminado y que, creo, que a la derecha le gusta un montón: la arbitrariedad. Un
poquito mejor nos iría si consiguiéramos eliminarla, pero ¡Qué complicado
parece ser, a veces.
Y podría ser tan simple como
creer en el principio de legalidad. Hay quienes entienden que la legalidad se
debe plegar a los intereses de los propios, es decir, que la Ley sólo se debe
cumplir cuando beneficia a quien entiende el gobernante que debe beneficiar,
olvidando el bien público, el bien de todo el conjunto y no de determinadas
partes. El bien común es un concepto muy antiguo, pero que se nos ha olvidado a
todos.
Pero lo curioso del principio de
legalidad es el resultado. La corrupción
en el PSOE tiene siempre consecuencias, sean del tipo que sean, porque existe,
entre gran parte de sus filas un sentimiento de igualdad. De hecho, los casos
de corrupción se pagan en las urnas: en Navarra el PSN no ha vuelto a gobernar
tras el caso Urralburu y eso que, a pesar de lo que hizo, fue un gran
Presidente. Mientras la derecha, desde ya décadas, ni asume, ni sufre
consecuencias ni legales, ni de ningún otro tipo, ni siquiera morales. No
entienden de bien público. Para ellos, la Ley se debe utilizar arbitrariamente,
(otra vez) según me convenga o no.
De ahí que los empleados públicos
sean tan importantes para el control político (aunque en Navarra de poco les ha
servido). El cumplimiento de la legalidad debería asegurar el principio de
igualdad y eliminar la arbitrariedad con la que algunos tratan los asuntos
tanto a nivel nacional, regional o municipal. En este último caso suele ser
mucho más patente, porque la cercanía al ciudadano se establece como la
justificación que algunos políticos
encuentran para manejar la política arbitrariamente. Esto es: según la cara que
tenga o quién sea el ciudadano que se permite pedir favores, frente a aquellos
que se quedan en casa sin pedirlos: el político sin maneras nunca piensa en estos
últimos.
Una de las razones es que se ha
olvidado el principio de la
Justicia. Como es ciega, pues no ve quién la ejecuta y quién
no. Y es que la Justicia ha acabado siendo un concepto un tanto indefinido y
muy particular, pues cada cual tiene el suyo y lo utiliza como quiere. Entiende
la Justicia como justicia propia. Olvidan que, en política, hay un concepto para
guiar estos principios. Es el concepto de bien público, la búsqueda del bien
común, la Justicia social. Concepto que ni políticos, ni ciudadanos tenemos
asimilado, no lo hemos hecho nuestro. De ser así, nadie iría a la
Administración más cercana a hablar con el político de turno para que tuviera a
bien hacer un favorcito. Iríamos, en todo caso, a solicitar la revisión de las
reglas de juego. Sean ordenanzas o leyes, esto es legislación. Nos
implicaríamos en la vida social, no para resolver mi asuntillo, el “¿qué hay de
lo mío?” sino para resolver el asunto de todos. Porque resolviendo el problema
de todos, siempre habrá cierta resolución del nuestro. Y si no es así, es que
lo que queríamos no era justo o pretendía conseguir mejorar y medrar a costa de
los demás.
Como hemos dicho hay que seguir
el principio de legalidad, pero eso no quiere decir que la Ley sea perfecta,
hay que mejorarla, por parte de todos, con la ayuda de todos. Pero mientras,
hay que cumplirla e interpretarla en base al sentido común y la ética del bien
común.
Son cuestiones de principios,
cuestiones de las que poco se habla en los debates, pero que son el origen de
uno de nuestros grandes problemas: la corrupción a todos los niveles de la sociedad. Porque
la corrupción no sólo es llevarse dinero a casa, sino también gestionar mal a
sabiendas y pretender hacer favores, aunque no lo consigas. (Esto último me recuerda
a algún caso reciente de Navarra, pero no caigo ¡Fíjate!).